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Wednesday, June 23, 2010

Incógnitas rodean la muerte de Jackson

Los Ángeles, EFE- Las incógnitas sobre la muerte de Michael Jackson se mantienen prácticamente un año después, mientras la acusación y los familiares del artista, envueltos en un interminable proceso judicial, buscan un culpable.

Murray, acusado formalmente de homicidio involuntario, tiene marcado en rojo en el calendario la fecha del 23 de agosto.

Ese día comienza la audiencia preliminar en la que escuchará los cargos de los que se le acusa, y que podría alargarse durante una semana. Entonces el juez decidirá si debe ir a juicio, una decisión que se ha venido retrasando durante meses.

Hace escasos días, el 14 de junio, el juez Michael Pastor, de la Corte Superior de Los Ángeles, dictaminó que Murray seguiría ejerciendo por ahora su profesión en el Estado de California, a pesar de la petición de la acusación de inhabilitarlo hasta que se resolvieran los cargos en su contra.

Pastor aclaró que esa decisión ya había sido tomada en febrero por su colega Keith Schwartz, quien además restringió a Murray su poder para recetar calmantes o anestésicos, y que él no podía modificar esa resolución.

Eso sí, la situación podría cambiar una vez comience la vista preliminar. Jackson murió el 25 de junio del año pasado por una intoxicación aguda de medicamentos, en especial del anestésico de uso hospitalario propofol.

Murray confesó haber administrado al cantante ese sedante para ayudarle a conciliar el sueño, pero ha mantenido que no hizo nada improcedente que provocara la muerte del artista. Sin embargo en marzo aparecieron testimonios clave que arrojaron dudas en torno a la declaración del médico.

Alberto Álvarez, director de logística de Jackson para la gira "This is it", el que iba a ser el gran retorno del cantante a los escenarios, explicó que Murray detuvo la reanimación cardiopulmonar que se le practicó y retrasó la llamada a urgencias para recoger y apartar los fármacos presentes en la habitación.

Álvarez fue otra de las personas que vieron a Jackson poco antes de morir. Acudió a la residencia del número 100 de Carolwood Drive, a escasos metros de Sunset Boulevard (Los Ángeles), y dijo ver a Jackson con la boca medio abierta, los ojos abiertos, una vía intravenosa en la pierna y aparentemente inconsciente.

Según su declaración, el médico trabajó frenéticamente para salvar la vida de Jackson y hasta le practicó el boca a boca, mientras él mismo se ocupaba de la reanimación cardiopulmonar. Cuando Álvarez vio la escena preguntó a Murray qué había pasado, a lo que éste contestó: "Ha tenido una reacción, una mala reacción".

Después, el médico recogió algunos frascos y le dijo a Álvarez que los metiera en una bolsa. Éste agarró una bolsa de plástico del suelo y Murray puso los frascos en su interior. Murray también le pidió que pusiera un maletín que contenía vías intravenosas en otra bolsa.

Dos días después de la muerte de Jackson, tras varias horas de interrogatorio con la policía, Murray dirigió a las autoridades a un armario de esa habitación, donde se encontraron propofol y otros sedantes en una bolsa.

Según la declaración de Álvarez, Murray aguardó a que las bolsas estuvieran llenas para realizar la llamada a urgencias. Miranda Sevcik, portavoz de la defensa, tildó esas declaraciones de "tácticas ridículas" por parte de la acusación.

La Fiscalía de Los Ángeles acusó de homicidio involuntario en febrero a Murray, quien se declaró no culpable y le fue impuesta una fianza de 75.000 dólares (61.300 euros). En la documentación presentada por la Oficina del Fiscal del distrito ante el Tribunal se aseguró que el doctor "mató sin premeditación a Michael Joseph Jackson".

Murray fue acusado de haber actuado "fuera de la ley" y sin la debida "precaución y cautela" cuando le administró al cantante los fármacos que acabaron con su vida el pasado 25 de junio. No obstante, se señaló que el doctor actuó "sin malicia", por lo que no se consideró que su comportamiento sea merecedor de calificarse como un "delito grave". Las autoridades indicaron que Murray se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de prisión

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